A pesar de ello, el punto 2 del mencionado artículo obliga a las empresas a demostrar su solvencia financiera todos los años y cada tres la solvencia técnica, lo que en la práctica vendrá a suponer la necesidad de renovaciones completas trienales, y un procedimiento abreviado anual para el aspecto económico.

No obstante, los empresarios quedan en libertad para solicitar una mejora de su clasificación cuando lo estimen oportuno, aunque, como contrapartida, quedan obligados a pedir revisión si varia cualquier dato que pueda modificar a la baja su solvencia económica-financiera o técnica, previéndose la posibilidad de la apertura de un procedimiento para declarar la prohibición de contratar a las empresas que no realicen esta comunicación.