La Clasificación es otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, encuadrado en la Dirección General de Patrimonio, mediante acuerdos de una Comisión de Clasificación, en la que tienen representación los principales Ministerios inversores (Fomento, Educación, etc.), así como representantes de las Asociaciones Profesionales del Sector.

No obstante, la Ley permite que las diversas Comunidades establezcan sus propias Juntas Consultivas y Comisiones de Clasificación, aplicando los mismos criterios que la dependiente de la Administración Central. Por el momento, han instaurado sus propias Clasificaciones las Comunidades de Canarias, Baleares, Cataluña, País Vasco, Valencia y Murcia.

La Clasificación concedida por éstas ya no podrá hacerse extensiva en ningún caso a las demás Administraciones al haber desaparecido de la Ley el procedimiento de extensión de efectos.